• 29 de Julio: ya consumimos todos los recursos de la Tierra disponibles para un año.

    29 de julio de 2019.- Hoy es el “Día del Sobregiro de la Tierra”, eso significa que ya consumimos los recursos naturales disponibles para todo el año. A partir de mañana se estarán consumiendo recursos a expensas de las generaciones venideras debido a que se excedió lo que los ecosistemas de la Tierra pueden regenerar en el transcurso del año. Su fecha se ha adelantado dos meses en los últimos 20 años, haciendo del día de hoy la fecha del sobregiro más temprana de la historia.

    La fecha es calculada y anunciada anualmente por Global Footprint Network, una organización internacional de investigación para medir el consumo de los recursos a través de un indicador que suma la demanda de áreas productivas necesarias, para proveer los alimentos, madera, fibras, captura de carbono e implantación de infraestructura. Actualmente, las emisiones de carbono representan el 60% de la huella ecológica de la humanidad.

    Desde que comenzaron a realizarse estas mediciones en 1970, este año es la fecha más temprana del sobregiro de la Tierra. Estamos consumiendo recursos como si tuviésemos 1,75 planetas Tierra y eso se refleja en la deforestación, la escasez de agua dulce; la erosión del suelos, la pérdida de biodiversidad; y la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.

    El día del sobregiro de Argentina

    Uno de los criterios que se aplica en la investigación para el Día del Sobregiro de la Tierra es el cálculo de cuántos planetas serían necesarios y en qué fecha caería el día si toda la humanidad consumiera como lo hace la población de un determinado país. Entre los más devoradores de recursos están Qatar y Luxemburgo: si todos consumiéramos como estos países, el Día del Sobregiro sería en febrero. Estados Unidos y Canadá se encuentran en quinto y sexto lugar respectivamente, llevando la fecha a mediados de marzo.

    En el otro extremo, si toda la población del planeta consumiera como los habitantes de Indonesia y Ecuador, estaríamos cerca de respetar los límites ecosistémicos, ya que la fecha se correría a mediados de diciembre.

    Para Argentina, el Día del Sobregiro sería el 26 de junio, solo superado en América Latina por Chile (1).

    Lo que muestra este gráfico es que se continúa evidenciando la enorme inequidad en el consumo de los recursos en los diferentes países, teniendo en cuenta que son valores promedio; 736 millones de personas en el mundo aún viven en pobreza extrema.

    Mover el día hacia la sustentabilidad

    La políticas en relación a bajar emisiones de gases de efecto invernadero como el impulso a energías renovables, priorización del transporte público, o las que impulsan iniciativas para ir hacia una economía circular, o cambios en el modo de producir y consumir alimentos, son insuficientes. Tenemos un gran desafío ya que la tendencia actual puede revertirse: la Global Footprint Network calculó que si se lograra retroceder 5 días al año la fecha del día del Sobregiro, para el 2050 podrían volver a utilizarse los recursos de menos de un planeta.

    Es insostenible para la supervivencia del planeta seguir con el actual ritmo de explotación de la naturaleza. Estamos agotando nuestro capital natural, lo que compromete la futura seguridad de los recursos para la humanidad.  Un esfuerzo global y el uso y aplicación eficiente de las tecnologías ya disponibles son elementos clave para retornar a un punto de equilibrio que debemos encontrar sin más dilación en los próximos treinta años.

    NOTA

    (1) Los datos utilizados para esta estimación son de la Huella Ecológica y Biocapacacidad Nacional de Naciones Unidas para el año 2016. https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

  • Por qué es necesaria una ley que prohíba los microplásticos

    27 de junio de 2019.- Hace un año ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Ley que propone la prohibición de los microplásticos desde 2020 presentado por nuestro diputado nacional y vocero Juan Carlos Villalonga. El proyecto busca prohibir la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene oral de uso odontológico que contengan microperlas de plástico añadidas intencionalmente a partir del día 31 de diciembre del año 2019.  

    Las microperlas o microesferas de plástico son partículas sólidas de tamaño inferior a cinco milímetros hechas de polímeros derivados del petróleo o de base biológica cuya degradabilidad es baja. En la fundamentación del proyecto se afirma que de acuerdo al estudio “Plastic waste inputs from land into the ocean” publicado en la revista Science en 2015, cada año se vierten al mar ocho millones de toneladas de plásticos.

    El 94% del plástico que ingresa al océano termina en el fondo del mar y se estima que en promedio hay 70 kg en cada kilómetro cuadrado del fondo marino. En Argentina se han encontrado microplásticos en varias especies de peces en el Río de la Plata, en los sedimentos costeros de la Laguna Setúbal en la provincia de Santa Fe y en mejillones y lapas de la Bahía Ushuaia en Tierra del Fuego.

    Los microplásticos se liberan al ambiente a través de las aguas residuales o como parte de los residuos sólidos urbano y en el ambiente marino pueden actuar como transporte de sustancias químicas y ocasionar la diseminación de especies exóticas invasoras y patógenos (2).

    Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Francia, Canadá y Nueva Zelanda ya cuentan con normativa de prohibición para la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene personal que contengan microperlas de plástico agregadas. La mayoría de las prohibiciones entraron en vigor en 2018.

    Teniendo en cuenta el peligro potencial que la ingesta de plásticos de estas características representa para el ecosistema, la fauna marina y el ser humano al que llegan por medio de la cadena alimentaria, Argentina debe sumarse a los países que ya cuentan con una normativa que los prohíbe. Es de fundamental importancia que sea impedido su agregado en los artículos de cosmética e higiene oral debido a que pueden reformularse con otras sustancias que sin dañar el ambiente pueden cumplir la misma función (3).

    NOTAS

    (1) Expediente 3847-D-2018. Texto disponible en https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3847-D-2018

    (2) Albareda, Diego Alejandro, “Contaminación Fluvial y Marina con Plásticos: el abordaje legislativo de los microplásticos, un paso importante hacia la búsqueda de una solución integral”, Informe Agenda Ambiental Legislativa 2019, Círculo de Políticas Ambientales, marzo de 2019. http://circulodepoliticasambientales.org/publicaciones/

    (3) Para mayor información sobre el tema recomendamos el Informe elaborado por Lorena Pujó, del Círculo de Políticas Ambientales. http://circulodepoliticasambientales.org/assets/pdf/Informe-CPA-Microplasticos.pdf

  • La Corte Suprema a favor de la Ley de Glaciares


    Rechazo al pedido de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y provincia de San Juan

    5 de Junio de 2019 – En el día de ayer se dio a conocer la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que rechaza la demanda de nulidad de la Ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar. Se trata de un trascendente fallo en el que se reafirman las facultades federales para dictar los presupuestos mínimos ambientales definidos en la Ley General del Ambiente como normas que otorgan una tutela común para todo el territorio nacional.

    El planteo había sido realizado por Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y
    Exploraciones Mineras Argentinas S.A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama, ante el Juzgado Federal de San Juan solicitando que se declare la nulidad -y en su caso-, la inconstitucionalidad de la mencionada ley. La provincia de San Juan adhirió al planteo cuestionando el procedimiento legislativo de sanción de la ley.

    La Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico.

    En consecuencia prohíbe actividades que puedan afectar las condiciones naturales o funciones de los glaciares y su ambiente periglaciar entre las que incluye la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Las actividades en ejecución al momento de sanción de la ley debían someterse a una auditoría ambiental que identificara y cuantificara los impactos ambientales potenciales y generados de manera de verificarse su cumplimiento y las autoridades provinciales debían tomar las medidas de adecuación que pudieran implicar el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

    A partir del Inventario Nacional de Glaciares, realizado también en cumplimiento de la Ley, se sabe que Argentina se encuentra entre los países con mayor superficie de glaciares del mundo. Cuenta con 8.484 km² cubiertos de hielo, de los cuales 5.769 se encuentran en la Cordillera de los Andes y 2.715 en las Islas del Atlántico Sur (1).

    Lo que la Corte reafirma en este fallo son las facultades federales para dictar los presupuestos mínimos ambientales, definidos en la Ley General del Ambiente, como las normas que conceden una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tienen por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental y el desarrollo sustentable (2).

    Para Los Verdes se trata de un fallo de trascendencia, sumamente positivo, que destaca la existencia de derechos de incidencia colectiva en relación a la protección del ambiente que involucran, en el caso de los glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua y que debe considerarse de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

    NOTAS

    (1) IANIGLA-Inventario Nacional de Glaciares. 2018. Resumen ejecutivo de los resultados del Inventario Nacional de Glaciares. IANIGLA-CONICET, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Pp. 27. Disponible en http://www.glaciaresargentinos.gob.ar

    (2) Ver texto Sentencia de la Corte Suprema sobre constitucionalidad de la Ley de Glaciares

  • Responsabilidad Extendida del Productor: una herramienta fundamental para generar menos residuos, promover el reciclado y la economía circular

    17 de mayo de 2019.- La gestión de los residuos es un tema central para las ciudades, cualquiera sea su escala. Argentina tiene una  generación diaria promedio de residuos sólidos urbanos (RSU) de 1kg por persona y es algo mayor para las localidades que superan el millón de habitantes. Sin embargo  solo el 61% de la población cuenta con una disposición adecuada de los residuos y en nuestro país todavía es muy deficiente la gestión de la basura. En necesaria una ley nacional de envases que introduzca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, una discusión instalada en el Congreso hace ya veinte años. Los Verdes apoyamos el reciente proyecto presentado por la diputada María Emilia Soria que establece opciones para la recuperación de los envases pos-consumo y obliga a los productores a optar por una de ellas.

     A diferencia de décadas anteriores en las que el objetivo primordial en las ciudades era mantener la higiene y poner la basura fuera de la vista, en la actualidad  la contaminación, la falta de espacios, la queja de los vecinos y una progresiva conciencia del mal uso que se hace de los recursos, ha puesto el foco en cómo recuperar de manera eficiente la basura.

    El costo de la recolección y disposición de los residuos recae en los municipios y ocupa una importante proporción del presupuesto que varía entre el 5% y 25%, y que luego recae en los vecinos por igual sin diferenciar cuánto generen o reciclen. El 36% de los municipios del país cuentan con plantas de separación y  clasificación de RSU, con diferentes grados de aprovechamiento, y el 26% ha iniciado acciones para la recuperación de envases con sectores empresarios (2). La aprobación de una Ley Nacional de Envases, ayudaría y faclitaría la gestión de los mismos, evitando que los municipios tengan que hacerse cargo de su costo o bien diseñar esquemas no siempre satisfactorios.

    Desde hace veinte años la discusión está planteada en el Congreso Nacional y actualmente hay cuatro proyectos (3) sobre el tema, uno de los cuales se ha venido elaborando con el aporte de diferentes organismos públicos y privados.  Se trata del presentado por la Diputada María Emilia Soria sobre Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Residuos de Envases, basado en el principio de responsabilidad extendida al productor (REP).

    Qué es la REP

    La Responsabilidad Extendida del Productor –REP-  es un principio político para promover mejoras ambientales al extender las responsabilidades de los fabricantes de los productos a varias fases del ciclo total de su vida útil: desde su diseño hasta su recuperación, reciclaje y/o disposición final.

    En Argentina la ley que introduce este principio, aunque de manera solidaria entre productor y usuario, es la Ley N.º 27.279 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.

    El proyecto de la diputada Soria aplica el principio REP  entendido como el deber de cada uno de los productores de responsabilizarse por la gestión ambiental y su financiamiento, respecto a los envases puestos por ellos en el mercado nacional, y los envases post consumo.

    Esto conduce a que si las empresas tienen que pagar por el residuo que generan los productos que ingresan al mercado, estarán motivadas a disminuir ese costo y optar por diseños que sean fácilmente reciclables y que generen la menor cantidad de residuos posible.

    El proyecto establece diferentes opciones para la recuperación de los envases pos-consumo: Sistema Integral de Gestión (SIG), Sistema Público de Gestión y Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Obliga al “Productor Responsable” a optar por uno de ellos o también ofrece la posibilidad de presentar otro tipo de sistema superador que se base en las mejores prácticas disponibles (4).

    También contempla que los productores responsables y las autoridades intervinientes puedan prever planes y programas específicos para la participación de los trabajadores recicladores que desarrollen sus actividades en las diversas localidades.

    Con este proyecto se busca prevenir y minimizar el impacto que ocasionan los envases sobre el ambiente, reducir la cantidad que no sean reutilizables o reciclables; y entre otros objetivos promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases de acuerdo al principio “de la cuna a la cuna”.

    Los Verdes apoyamos este proyecto de Ley de Envases que contempla el principio REP ya que lo consideran la mejor opción para lograr una mayor recuperación de materiales, mejorar el diseño de los productos, obligar a los fabricantes a que asuman el costo de los residuos que generan y promover la economía circular.

    NOTAS

    (1) http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/datos-nacionales.htm

    (2) Observatorio Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (MADS), Proyecto Nacional para La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos BIRF 7362 AR, Grupo Arrayanes. Julio 2011.

    (3) Senado de la Nación: Alfredo Luenzo S-356/18 (Chubut Somos Todos) y Guillermo Snopek 1376/18 (Frente Justicialista). En la Cámara Baja: Emilia Soria 4031-D-2018 (FPV) y Facundo Moyano 3141-D-2018 (Federal Unidos por

    una Nueva Argentina).

    (4) Para mayor detalle de los proyectos en vigencia, ver “Ley de Envases, un debate que lleva más de 20 años en el Congreso”. Consuelo Bilbao. INFORME

    Agenda Ambiental Legislativa 2019. Análisis de proyectos de ley clave para el

    debate en el Congreso de la Nación. COMPILACIÓN: Círculo de Políticas Ambientales. p.26-29.

  • La naturaleza en peligro: se acelera la tasa de extinción de especies

    6 de mayo de 2019.-  Un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción y muchas podrían desaparecer en tan solo décadas según da cuenta el nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas (IPBES) que se conoció hoy. Se trata de una amenaza de dimensión sin precedentes para la humanidad. Argentina no está ajena a esta realidad, y sólo en el año 2017 se perdieron 172.639 hectáreas de tierras forestales. Para Los Verdes es imperativo en Argentina el cumplimiento de la Ley de Bosques y alcanzar la meta de Deforestación Cero.

    La diversidad biológica es la variedad total de estirpes genéticas, especies y ecosistemas y conforma nuestro sistema sustentador de vida por lo que la humanidad depende directamente de su mantenimiento y vitalidad. Las actividades humanas vienen acelerando el agotamiento, la extinción y cambiando las condiciones de la evolución de las especies.

    Si bien se desconoce con exactitud la cantidad de especies que existen en la Tierra, ya en 1991 los expertos advertían que “hacia mediados del siglo XXI podrán haber desaparecido o haber quedado reducidas a pequeños remanentes hasta el 25% de las especies del mundo”. (1).

    En el reciente informe del IPBES participaron más de 400 expertos de 50 países que clasificaron de mayor a menor, los cinco factores impulsores del cambio con mayor impacto registrado en la naturaleza de nuestro planeta hasta la fecha. En primer lugar ubicaron los cambios en el uso de la tierra y el mar; luego la explotación directa de organismos; el cambio climático; la contaminación y por último a las especies exóticas invasoras.

    En Argentina se perdieron sólo en 2017, 172.639 hectáreas de tierras forestales y durante el siglo XX se deforestaron más de 11 millones de hectáreas para la agricultura, impactando sobre todo los ambientes nativos de la región chaqueña, el bosque atlántico y las yungas (3).

    Dada la urgencia de promover la conservación de la biodiversidad en el Congreso Nacional se presentaron diferentes iniciativas relacionadas con el tema para declarar áreas o provincias de nuestro país como “capitales” de biodiversidad sin la debida fundamentación técnica. “Una declaración de tal importancia merece el compromiso serio y constante por parte de las autoridades provinciales y nacionales en relación a la gestión de los componentes de la diversidad biológica, compromiso que no puede ser meramente declarativo sino que debe respaldarse con datos construidos rigurosamente, que respondan a un fundamento y una metodología científica, y que sean comparables y públicos”, sostuvo el Diputado Nacional y vocero de Los Verdes Juan Carlos Villalonga que presentó un proyecto (4) para establecer criterios que puedan cimentar este tipo de declaraciones.

    Para Los Verdes la urgencia verdadera es el cumplimiento de la Ley de Bosques y la puesta en marcha de acciones que permitan alcanzar la meta de Deforestación Cero. El gobierno nacional debe destinar los fondos que corresponden a la Ley y las provincias deben hacerla cumplir respetando el principio de no regresión en materia ambiental en la revisión de los ordenamientos territoriales que pide la norma. Además deben poner en marcha la restauración de los bosques degradados con la finalidad de promover la recuperación de la cobertura boscosa nativa y sus servicios ecosistémicos asociados (5).

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    NOTAS

    (1) UICN/PNUMA/WWF (1991). Cuidar la Tierra. Estrategia para el Futuro de la Vida. Gland, Suiza. p. 31

    (2) El Convenio de Diversidad Biológica entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y Argentina es parte desde 1995.

    (3) Informe del Estado del Ambiente 2017. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Disponible en http://informe.ambiente.gob.ar/

    (4) Expediente 1725-D-2019. Texto disponible en https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1725-D-2019&tipo=LEY

    (5) COFEMA: Resolución Nro: 236 /2012 «Pautas metodológicas para las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos» y Resolución Nro: 360 /2018 “Lineamientos Técnicos Estratégicos para la implementación de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.