• De La Sota: "La central nuclear de Embalse fue un error y causa perjuicio a la provincia"

    Expectativa de ecologistas en Córdoba

    Audio con las declaraciones de De La Sota disponible en este enlace:

    http://www.cordobanonuclear.org/NUCLEAR-DE-LA-SOTA-EN-NOTABLES-19-07-2014.zip

    Córdoba, 25 de julio de 2014.- Las organizaciones nucleadas en la plataforma Córdoba No Nuclear (1) mostraron entusiasmo frente a las recientes declaraciones del Gobernador de la Provincia, José Manuel De La Sota, quien se manifestó en contra de la energía nuclear. En este marco, la coalición antinuclear le pide al Gobernador que promueva el tratamiento legislativo del proyecto de ley que establece el cierre definitivo de la planta atómica de Embalse. «La central nuclear que tenemos en Embalse nos ha jodido bastante», dijo De la Sota.

    En una entrevista radial en LT8 de Rosario, De La Sota aseguró que la central nuclear de Embalse fue un error y que causa perjuicio al turismo de la provincia por estar ubicada frente al lago Embalse. Además, agregó que «nadie quiere tener una central nuclear frente a su casa, aunque nos digan que todo es seguro, que todo es fantástico». El Gobernador remarcó, además,  que luego de Chernóbil y de Fukushima todo lo relacionado con energía nuclear está, por lo menos, bajo cuestionamiento.

    Por otro lado, De la Sota puso en duda el plan nuclear y remarcó la falta de consultas a la provincia: «el Gobierno nacional como en tantas otras cosas ni nos consulta sobre estos temas. Tengo entendido que la empresa respectiva que depende del Gobierno habría decidido la re potenciación de la central, alegando que cuesta lo mismo sellarla que re potenciarla por otros 25 años… Habrá que discutir este tema como otros, no creo que se tomen medidas en este final de gobierno».

    La central nuclear de Embalse finalizó su vida útil en 2012, pero sigue en funcionamiento por los retrasos en la conexión de la central Atucha II. Frente a los planes del Gobierno Nacional de extender su funcionamiento por 25 años más, un colectivo de organizaciones locales y nacionales conformaron la coalición Córdoba No Nuclear y presentaron un proyecto de ley provincial para que la central de Embalse sea cerrada definitivamente. El texto cuenta con el aval de 30 mil cordobeses y está esperando a ser tratado por los legisladores provinciales.

    «Los costos de la reconstrucción de Embalse anunciados por Julio De Vido no son reales; está cuatro veces por debajo de lo que costó una obra idéntica en Canadá (dueña de la tecnología que utiliza Embalse)», señaló Mauro Fernández, de Greenpeace. «Esto sigue la estrategia histórica de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de esconder los verdaderos costos para que se aprueben estas centrales que son máquinas de consumo de dinero de las arcas del Estado».

    «Embalse ya debería estar fuera de operaciones. El 3 de marzo de 2012 se anunció el agotamiento de 210.000 horas de funcionamiento, que contaba con una licencia de operación original de 210.240 horas. En mayo de 2012, la ARN modificó esa licencia extendiendo las horas permitidas sin ningún tipo de consulta o información pública. Están jugando con algo tan sensible como es la licencia de operación de una usina atómica», señaló Gretel Schaj de Los Verdes.

    «Los cordobeses ya le dijimos no a Dioxitek, la fábrica de dióxido de uranio instalada en la capital de la provincia, que ya tiene los días contados. Ahora más de 30.000 cordobeses estamos pidiendo el cierre definitivo de la central de Embalse e instamos al Gobernador De La Sota que apoye el debate en la Legislatura para que esto así suceda», concluyó Luis Tuninetti, de Eco-Sitio.

    Notas

    (1) La coalición Córdoba No Nuclear está integrada por: CEDHA, Eco-Sitio, FUNDEPS, Greenpeace, Fundación Hölderlin, Los Verdes y Tierra Vida. Más información en www.cordobanonuclear.org

     

  • Salta debe respetar la Ley de Bosques

    Organizaciones ecologistas, sociales y personalidades de todo el país solicitaron hoy al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que, en su carácter de máximas autoridades ambientales del país, realicen las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su OTBN y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales.

    La provincia de Salta está incumpliendo la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos; desde su sanción ya se desmontaron 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 hectáreas se trataban de zonas protegidas.

    Leer carta completa aquí

  • Audiencia Pública por instalación de planta que procesa material para la industria nuclear en Formosa

    Formosa, 15 de julio de 2014. Los Verdes reclamaron hoy el cierre definitivo de la empresa procesamiento de combustible de dióxido de uranio para centrales atómicas, Dioxitek, y pidieron al gobierno de Formosa que no acepte su traslado a la provincia. Fue en el ámbito de la Audiencia Pública convocada por la Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia que, por medio de la  Resolución 620, convocó a la audiencia pública que se desarrolló en el galpón G del paseo costanero.

    La empresa estatal, en manos de la Comisión de Energía Atómica (CNEA), que debe cerrar su planta en la Ciudad de Córdoba, ha buscado sin éxito un nuevo lugar de emplazamiento. El rechazo se debe al no cumplimiento de normas legales anti nucleares locales y por la oposición de la población en muchas jurisdicciones. Sin embargo, meses atrás y gracias a la intervención del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Dioxitek consiguió el guiño de las autoridades formoseñas para asentarse en la capital de la provincia.

    En este contexto, Los Verdes reclamaron que Formosa no acepte el traslado de la planta, y que la Ciudad de Córdoba, junto con la CNEA, establezca un plan para el cierre definitivo de la empresa.

    “Queremos manifestar nuestro rechazo a la instalación de Dioxitek en Formosa, como también de cualquier otro tipo de emprendimiento nuclear. Dioxitek no es una cuestión aislada, sino que implica todo el ciclo del uranio, desde su extracción por medio de minería a cielo abierto, hasta su utilización para producir energía en las centrales nucleares. Es por esto, que la solución viene de la mano del abandono de la utilización de este tipo de energía que es altamente costosa, en términos económicos y ambientales”, señaló Gretel Schaj de Los Verdes Córdoba.

    En el predio de Dioxitek, en plena capital cordobesa, hay 35 mil metros cúbicos de residuos radiactivos (el conocido “chichón”) que equivalen a 56 mil toneladas. En septiembre de 2012 La Municipalidad de Córdoba clausuró las instalaciones de la empresa por violar la ordenanza de uso de suelo, por no tener habilitación para funcionar y por operar “violando normas de higiene y seguridad.

    El movimiento antinuclear se está reactivando en el país, puede verse en La Rioja en contra de la instalación de la minería de uranio, en Formosa con el rechazo a Dioxitek y en Córdoba con la movilización para el cierre definitivo de la central de Embalse. Hechos que demuestran el rechazo social existente a todo el ciclo nuclear.

    Para ver la presentación de Los Verdes en la Audiencia Pública hacer click aquí: Dioxitek Audiencia Publica

  • La nueva Ley de Ambiente de Córdoba

    El pasado 10 de Junio, en la legislatura de la provincia de Córdoba se sancionó, en medio de protestas, marcha y represión policial, la nueva Ley Provincial de Ambiente Nº13.428.

    Tal proyecto original fue iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial a cargo del gobernador José Manuel de la Sota, y una vez sometido al proceso parlamentario, el texto se fue modificando siendo finalmente aprobado por la mayoría de los bloques parlamentarios, excepto el legislador representante del partido Frente para la Victoria, que se abstuvo, y la legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que votó en contra.

    Desde el gobierno se presenta la ley como un avance en el cuidado del medioambiente y favorable para salud de la provincia, y como complementaria a los presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675, sin embargo el texto aprobado genera, para muchas personas y organizaciones, más que un avance serias dudas de su real interés y aplicación. La misma contiene numerosos puntos polémicos y confusos que son los que generan preocupación.

    En primera instancia y, como instancia más crítica debemos señalar que el proceso de aprobación de la norma ha generado un cuestionamiento general desde su génesis. En cuanto a los contenidos: -la ley sólo contempla premios e incentivos para aquellas actividades o proyectos que “reduzcan la contaminación”, y pocas sanciones y medidas de prevención, mitigación o reparación cuando el impacto sea negativo-; se propone un ordenamiento ambiental del territorio que asegure el uso adecuado de los recursos ambientales, posibilite la producción armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas, garantizando la mínima degradación. En este punto se hace referencia a los criterios de la ley de bosques cómo guía, lo cual genera nuevamente una polémica ya que, la norma nacional (Ley 26.331) no ha sido respetada en su espíritu y ha sido judicializada por demandas de sectores académicos y ONG[1].

    En cuanto a la participación ciudadana, el punto que quizá despertaba mayor interés, se proponen algunas formas y mecanismos de participación pero queda reducida y  “librada” al criterio y decisión de la autoridad de aplicación. Las Audiencias Públicas serán obligatorias  en los casos en los que los proyectos o actividades estén sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.

    La ley contempla dos Anexos: el Anexo I contiene los proyectos sujetos obligatoriamente a la presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública; el Anexo II especifica los proyectos que deben dar notificación de los mismos y quedan condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental.  El problema de ello es que enumera importantes actividades que como bien lo indica el título condicionalmente estarían sujetas a este tipo de control y regulación.  De hecho, y un dato no menor que ejemplifica la controversia, es que una de las actividades incluidas en este apartado está relacionado a los proyectos de producción agropecuaria, caza y pesca, en donde categorizan las plantas de acopio de cereales, entendiendo como tales las que realicen almacenamiento, clasificación, limpieza y/o secado de granos, no incluidas en el Anexo I. Este es el punto más controvertido de la ley, ya que dentro de esta categoría entraría el emprendimiento que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas, Córdoba, resistido por la población local. Este punto llevó a que la ley sea llamada “Ley Monsanto”.

    Por tanto, y en lo que respecta al proceso político por medio del cual se da la aprobación de dicha ley, hay que decir que el proyecto no se conoció de manera previa a su definitiva aprobación. Según aseguran desde el oficialismo, el texto que se aprobó fue fruto de aportes de múltiples instituciones, organizaciones sociales y  académicos que desde el mes de marzo la Legislatura había invitado a participar de las reuniones de comisión con la finalidad de tener en cuenta su opinión respecto al proyecto de política ambiental provincial. Sin embargo, lo cierto es que numerosas organizaciones interesadas no conocían el contenido de la normativa y tampoco pudieron participar de esas discusiones.

    Esta nueva ley no representa un avance significativo en términos de garantizar la protección del ambiente y la salud de los cordobeses.

    Por otro lado, a lo acontecido con el tratamiento parlamentario de esta norma debemos sumar como antecedente que, en la Legislatura provincial existe un proyecto de ley para declarar a la provincia como zona «no nuclear» y cerrar la central atómica de Embalse, que ha sido archivado por las autoridades. Los legisladores se niegan a reconocer como válidas las firmas de 30 mil cordobeses presentadas por organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a los establecido con la ley de Iniciativa Ciudadana vigente en la provincia.



    [1]
    [1]             Desde la sanción de la Ley de Bosques de Córdoba, la Secretaría de Ambiente comenzó a tramitar muchos más pedidos de desmonte selectivo que pedidos de conservación de bosques. A diferencia del proyecto elaborado y presentado por la COTBN, la Ley de Bosques que fue aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional, algo prohibido por la norma.
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  • Crecida del Paraná: la protección de bosques y humedales debe ser prioridad en la adaptación al cambio climático

    Por Elba Stancich*

    Nuevamente las provincias del Litoral están en alerta por la creciente del río Paraná, que se espera sea superior a la del año pasado. Cada vez que nos encontramos ante una situación de inundaciones saltan a la vista principalmente dos aspectos: si se trata de un evento dentro de lo que se considera esperable, o está intensificado por el cambio climático, y la ausencia de planes de ordenamiento territorial que obligan a evacuaciones de la población y descalabros varios. Días después aparecen las cifras de las pérdidas económicas.

    Si bien es difícil establecer una relación directa de cada evento con el cambio climático, sí puede establecerse una tendencia de ciertos fenómenos observando las últimas décadas, como por ejemplo que existe un aumento de fenómenos meteorológicos extremos. La inundaciones y sequías se han incrementado 2,4 veces si se compara el período 1970-1999 con el período 2000-2005 en la región suramericana.

    Las Cataratas del Iguazú hoy tienen un caudal 30 veces superior al habitual debido a las precipitaciones caídas en Brasil. Se registraron 450 milímetros de lluvia en la cuenca del Río Iguazú, siendo el promedio mensual de lluvia de 150 milímetros. En un día, llovió lo que corresponde a tres meses. Observando el color de sus aguas, se evidencia el impacto de la deforestación, que aumenta el escurrimiento y la erosión de los suelos.  Pero recordemos que dos años atrás, fruto de la prolongada sequía que sufrió el estado de Paraná, Brasil, las cataratas se quedaron prácticamente sin agua.

    La protección de bosques y humedales, debe figurar como prioridad en la adaptación del cambio climático. La selva atlántica casi desapareció, principalmente para ser cultivada con soja. Esas transformaciones disminuyen la infiltración, incidiendo en los caudales que llegan a los ríos. Los humedales tienen capacidad de retener agua durante inundaciones y sequías. Actúan como esponjas naturales que amortiguan la llegada de las crecidas, retardando su desplazamiento y evitando que ocupen aún más superficie.

    Preservar los ríos libres tiene muchos beneficios, la cantidad de represas construidas en la cuenca alta del Paraná y las cinco existentes en el río Iguazú alteran el regimen natural de escurrimiento, modificando el agua que erogan o retienen en función de sus necesidades energéticas. Recientemente fue anunciada la construcción de una sexta represa sobre el Iguazú, que provocará pérdidas en la rica biodiversidad de la zona y el desplazamiento de más de muchas familias. La entidades a cargo de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá acordaron un trabajo coordinado para liberar agua de sus embalses debido al gran caudal en el Paraná, retrasando la descarga del río  Paraguay cuya creciente afectó a miles de familias que viven en su ribera.

    El área de afectación de una represa va mucho más allá que el área que inunda, ya que el cambio de dinámica que provoca en el río altera los ecosistemas aguas arriba y abajo de su emplazamiento, modifica el comportamiento de las aguas subterráneas y termina alterando a la cuenca completa, más todavía cuando son varios los represamientos en un mismo río o sistema fluvial.

    Así lo entendió el Comité de Ministros de Chile, la máxima autoridad administrativa del país, que el pasado 10 de junio dio por cancelados los permisos medio ambientales de cinco controversiales represas en los ríos Baker y Pascua en la Patagonia, culminando una disputa de ocho años. El rechazo definitivo del proyecto HidroAysén marca un punto de inflexión, la ciudadanía exige ser escuchada y participar en las decisiones que afectan el medio ambiente y sus vidas.

    De este lado de la Cordillera, no se tienen en cuenta las implicancias ambientales de construir grandes represas, en octubre pasado se adjudicaron las obras del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz, último río libre de la Patagonia  argentina. Y en Misiones, aunque la población manifestó su opinión contraria a la construcción de represas en el plebiscito del año 1996, hoy siguen resistiendo el proyecto Garabí sobre el río Uruguay.

    Chile nos acaba de dar un gran ejemplo, cancelaron un proyecto que consideraron afectaba sus ríos, paisajes y cultura y dieron un paso fundamental  en la protección de la Patagonia y en favor de un país más sustentable y justo, donde se proteja su legado natural para las generaciones futuras.

    * Pte Junta Directiva Los Verdes