• Incendios en Argentina: ¿sirve modificar la Ley de Manejo del Fuego?

    La importancia de una ley de Humedales.

    6 oct 2020 – Ante la ola de incendios que está desvastando cientos de miles de hectáreas en el territorio argentino, con una gran pérdida de biodiversidad e incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, surge una legítima preocupación con respecto a si la legislación vigente es suficiente.

    El proyecto presentado el Diputado Máximo Kirchner (FdT) apunta a restringir los usos posteriores de los ecosistemas dañados por los incendios, con el objetivo de desalentar las quemas intencionales con motivos de especulación (1).

    La Ley de Bosques Nativos N.º 26.331 aprobada a fines de 2007, ya tuvo en cuenta esta situación en su Art.40: En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial. Por lo que no existe posibilidad alguna de un cambio de categoría de uso del bosque nativo producto de un incendio.

    Fruto de los incendios que se provocaron en Patagonia años anteriores, surgió nuevamente la inquietud de tener una legislación contundente para evitar los intentos de provocar incendios para luego detsinar los terrenos a otros usos. Esto llevó a que en 2017 se aprobara la Ley 27.353 que modifica la Ley de Manejo del Fuego N.º 26.815 incorporando el art. 22 bis: En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.

    La novedad de esta modificación fue incorporar a la restricción de cambio de uso del suelo aplicable hasta entonces a bosques nativos,  a otros bosques que por sus características debían ser amparados, para lo cual se recurrió a las definiciones de la Ley 13.273, cubriendo de este modo a los denominados bosques Protectores, Permanentes, Experimentales, y Montes especiales.

    Esto indica que no es necesario volver a legislar o querer cambiar la Ley de Bosques o Manejo del Fuego para protegerlos de los incendios.

    Con respecto a los demás ecosistemas, las áreas naturales protegidas no pueden camabiar su uso puesto que están definidas por ley, ya sea nacional, provincial o municipal. O sea, tampoco hace falta una nueva legislación para protegerlas de un cambio de uso pos incendios.

    ¿Cuál es la situación con los humedales? Este caso es bien diferente, puesto que al no existir un ordenamiento de los mismos resultará muy complejo definir qué áreas y qué usos debieran preservarse, acorde al proyecto del Frente de Todos, situación que de aprobarse esta modificación podrían multiplicarse las situaciones de litigiosidad.

    Este es otro ejemplo de por qué es necesaria una Ley de Humedales. Con el Inventario Nacional de Humedales y su Ordenamiento Territorial, es posible eliminar conflictos y saber cómo proceder ante los incendios. No hace falta modificar la Ley de Manejo del Fuego.

    (1) Propuesta de modificación: Artículo 22 bis.- En caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 (sesenta) años desde su conclusión: a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) La división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y, d) Cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.”

  • CÓRDOBA: EL PROCESO DE REVISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES ESTÁ FUERA DE LA LEY

    Córdoba, 1 de marzo de 2017 – Unas veinte mil personas participaron hoy de la tercera marcha en defensa de los bosques nativos en la provincia de Córdoba bajo la consigna “¡Por la vida, no a la ley de desmontes” que rechaza el proyecto que debate la Legislatura cordobesa para modificar de la Ley Nº 9.814 y recategorizar el ordenamiento territorial de bosques nativos. La iniciativa permitiría la intervención sobre más de dos millones de hectáreas. Los Verdes participaron de la movilización en apoyo al reclamo para que la ley no sea alterada.

    La masiva convocatoria incluyó a vecinos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos e instituciones que se oponen a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo cordobés para modificar el ordenamiento territorial de bosques nativos de Córdoba y permitir el avance de actividades agropecuarias sobre más de dos millones de hectáreas actualmente protegidas.

    «Lo que está sucediendo en Córdoba con su ordenamiento territorial de bosques nativos es insólito, un proceso que está completamente fuera lo que prescribe la Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26.331). La provincia debe realizar la revisión del ordenamiento del mapa que actualmente existe. Lamentablemente, en 2009, mediante un proceso tan desprolijo como el actual, se generaron dos mapas con algunas diferencias. Aquí hay que tomar el que publica Nación y que es el mapa por el que la Provincia ha estado recibiendo fondos de Nación, los fondos de la Ley de Bosques», señaló el diputado nacional y vocero de Los Verdes Juan Carlos Villalonga quien ya visitó en dos oportunidades la provincia para mantener reuniones con dirigentes, referentes y organizaciones ambientales preocupadas por la iniciativa.

    El proyecto que se discute busca alterar las categorías de conservación establecidas en el artículo 9 de la Ley 26.331 (categorías roja, amarilla y verde) para modificar el uso del suelo y se pretende pasar de 2 millones de hectáreas actualmente protegidas a sólo 600 mil. La iniciativa viola la Ley de Bosques (N°26.331) ya que la recategorización va en contra de la norma, cuyos objetivos son promover la conservación de los bosques mediante el ordenamiento territorial, regular la expansión de la frontera agropecuaria e implementar las medidas para controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes.

    «La revisión debe ajustarse a lo que señala la Ley de Bosques nacional mediante un proceso en el que deben participar los organismos técnicos de la provincia, entidades académicas, productivas, conservacionistas y poblaciones locales. El Poder Ejecutivo de Córdoba ha desertado de su responsabilidad de construir un mapa revisado y le ha pasado una responsabilidad que no le compete al Poder Legislativo que no tiene los elementos técnicos. La Legislatura debe recibir un mapa producto de un trabajo que el gobierno provincial debe realizar”, dijo Villalonga.

    La modificación de las leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, ya que esto atenta contra principios consagrados en la Ley General del Ambiente (N° 25.675) , como el “preventivo”, el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.

    La presidenta de la Junta Directiva de Los Verdes Elba Stancich viajó a Córdoba para participar de la marcha y desde allí enfatizó que “la revisión no puede bajar de categoría de protección a los bosques. En esto se aplica el principio de no regresión, no bajar los niveles de protección ambiental ya alcanzados».

    La provincia de Córdoba conserva menos del 5 % de su superficie de bosques nativos, mientras que el resto del territorio boscoso original ha sido convertido a tierras de cultivo, pasturas o bosques muy degradados. La revisión del OTBN no tiene más alternativa que orientarse a aumentar las áreas de conservación y no a disminuirlas

  • Ley de Bosques en Córdoba: «Es temerario avanzar con la modificación de la ley de ordenamiento territorial»

    26 de diciembre 2016 – La Legislatura de la provincia de Córdoba debate la modificación de la Ley Nº 9.814 para actualizar el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) de acuerdo a lo que establece la Ley 26.331 («Ley de Bosques»). La iniciativa pretende recategorizar las zonas de protección establecidas en la ley para permitir la intervención sobre más de dos millones de hectáreas. Si bien se anunció que el tratamiento del proyecto se pospondrá a 2017, Los Verdes adhieren al reclamo de las organizaciones ambientalistas de la provincia para que la ley no sea modificada.

    El nuevo proyecto de ley – presentado por el ejecutivo provincial, acompañado de otras fuerzas políticas y las entidades rurales – busca alterar las categorías de conservación establecidas en el artículo 9 de la Ley 26.331 (categorías roja, amarilla y verde) para modificar el uso del suelo en favor del avance de actividades agropecuarias.

    La iniciativa que está siendo debatiada en la Legislatura cordobesa viola la «Ley de Bosques» (N°26.331) ya que la recategorización va en contra de la norma, cuyos objetivos son promover la conservación de los bosques mediante el ordenamiento territorial, regular la expansión de la frontera agropecuaria e implementar las medidas para  controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, entre otros. Por otra parte, la modificación de las leyes ambientales no puede significar un retroceso en los  niveles  de  protección  alcanzados  con  anterioridad, ya que esto atenta contra principios consagrados en la Ley General del Ambiente (N° 25.675) , como el “preventivo”, el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”. Y la aplicación de estos principios no es optativa para los gobiernos.

    «Es temerario avanzar de esta manera con la modificación de la ley de ordenamiento territorial. No están dadas las condiciones para aprobar esta ley porque nadie conoce el mapa» señaló el diputado nacional y vocero de Los Verdes Juan Carlos Villalonga, quien viajó hoy a la provincia de Córdoba para participar como expositor en la reunión de Comisión convocada por la legislatura y a mantener reuniones con legisladores, ambientalistas y referentes de la provincia.

    “La ley nacional de bosques está siendo debilitada con este proceso. Ojalá se logren consensos porque no se puede considerar a la actual ley como un cepo ambiental. Un buen ordenamiento participativo haría desaparecer los conflictos y armonizar las posiciones. Es ridícula esta división entre sector productivo y ambientalistas», dijo Villalonga. «En Argentina el sector productivo quiere ir por todo pero no se juega su destino en los últimos bosques y humedales. La deforestación cero no es incompatible con que Argentina produzca. El sector productivo tiene que hacerse cargo de que el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país son por deforestación», afirmó en su intervención el legislador nacional, quien fue uno de los impulsores de la Ley N° 26.331.

    La organización internacional Global Forest Watch (GFW), muestra que Argentina ocupa la 9° posición en el listado de países con mayor pérdida de cobertura forestal en el período 2001-2014. Es el segundo país de América Latina en el ranking de los 10 países que más bosques perdieron en ese período después de Brasil. Desde 2001 a 2014 Argentina perdió casi 5 millones de hectáreas de bosques (GFW).

    La provincia de Córdoba conserva menos del 5 % de su superficie de  bosques nativos, mientras que el resto del territorio boscoso original ha sido convertido a tierras de cultivo, pasturas o bosques muy degradados; y ya ha realizado un primer ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) -producto de un proceso escandaloso y desprolijo- que benefició el avance de los desarrollos agropecuarios. En este contexto, una revisión del OTBN no tiene más alternativa que  orientarse a aumentar las áreas de conservación y no a disminuirlas.

    Para más información

    Carta de adhesión de Los Verdes a la Coordinadora en Defensa de los Bosques Nativos

    Presentación en la Legislatura de la Provincia de Córdoba