• Parque Nacional El Impenetrable: la desidia que roza la incredulidad

    6 de noviembre 2015, por Flavia Broffoni – La historia de La Fidelidad es muy conocida entre el mundo conservacionista. Se trata de una estancia de 250.000 hectáreas en el corazón del Impenetrable chaqueño-formoseño, que se extiende a ambos márgenes del Río Bermejo, con un estado de conservación excepcional hasta el año 2011. El predio estuvo desde siempre en la mira de las organizaciones ambientalistas como un sitio clave para convertirlo en  un Parque Nacional que le diera esa tan castigada región, un respiro para la biodiversidad y una oportunidad de desarrollo basada en el turismo que el Gran Chaco Americano jamás había podido siquiera soñar.

    En 2011 su propietario, el italiano Manuel Roseo fue asesinado junto a su cuñada en circunstancias aún sin aclarar y, frente a los rumores que indicaban que la muerte de Roseo respondía a intereses de explotación sobre la extraordinaria estancia, un grupo de ONGs conservacionistas lanzó una campaña para lograr que finalmente La Fidelidad pudiera convertirse en un Parque Nacional.

    Como parte de dicho plan se les solicitó a las provincias con jurisdicción en el área que otorgaran status de protección legal al lugar: la porción perteneciente al Chaco de casi 129.000 hectáreas recibió rápidamente apoyo de la legislatura local mientras que con Formosa –  la provincia gobernada hace casi 25 años por el peronista Gildo Insfrán – no hubo negociación posible. Aún hoy el gobierno formoseño permanece impasible a los llamados de intervención sobre las casi 100.000 hectáreas que le pertenecen al norte del  río Teuco.

    Tras un largo derrotero legislativo el 24 de octubre de 2014,  el Congreso Nacional votó por unanimidad la ley 26996 que declaraba a la parte chaqueña de La Fidelidad Parque Nacional. Se creó así el Parque Nacional El Impenetrable, el número treinta y tres bajo administración nacional y el séptimo en superficie en nuestro país.

    Argentina ostenta uno de los números más bajos del mundo en superficie efectivamente protegida por ecorregión. Según el compromiso asumido ante Naciones Unidas por la Convención de Biodiversidad, el país debería estar conservando, al menos, el 17% de sus ambientes terrestres y el 10% de los marinos, mientras que dentro de la estructura de la Administración de Parques Nacionales (APN) menos del 2% del territorio nacional está protegido bajo otras categorías. En su mayoría áreas «de papel», creadas por alguna regulación pero escasamente implementadas. Es necesario, por lo menos, duplicar el área conservada por la APN.

    Lo que pareció un éxito conservacionista con poco pocos antecedentes, quedó lejos de serlo. A más de un año de la creación del área, la Administración de Parques Nacionales no ha tomado aún posesión del Parque debido a una intrincada batalla judicial que involucra a los supuestos herederos de Roseo. Y el resultado es una tragedia ambiental: un acelerado proceso de destrucción de lo que fue un vergel de biodiversidad con una abundancia de flora y fauna solamente hallable en ese sitio. Hoy el Parque es un triste escenario en el que ingresan libremente cazadores furtivos que están diezmando las poblaciones de osos hormigueros, aguará-guazú, tapires, zorros, pumas, ocelotes, yaguarundiés, osos meleros, y hasta yaguaretés, sin control. Se instalan campamentos de caza mayor y pesca a la vista de cualquiera y los incendios se multiplican en el monte con la anuencia de las autoridades provinciales y nacionales.

    Para no desentonar con esta historia de trágicas paradojas, el abogado que patrocina a los reclamantes que impiden la toma de posesión del Parque fue detenido en más de una oportunidad sospechado de haber organizado salidas de caza dentro del predio en connivencia con comisarios locales. Un escándalo de proporciones tan mayúsculas que roza la incredulidad.

    El gobierno nacional ignora en este caso el principio precautorio que rige a todo el derecho ambiental y la Ley Nacional 22421 de Conservación de la Fauna que prevé hasta tres años de prisión para quien ejerciere o participara de actividades de caza furtiva.

    Hace más de un año que este paraíso natural sufre la desidia política y el silencio oficial. frente al escándalo. Lo que pareció un éxito se convirtió en un fracaso  rotundo. En otro largo esfuerzo de la sociedad civil por preservar un patrimonio que debe cuidar el estado, una vez más, ninguneado por el Poder Ejecutivo.