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Extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse:  la necesidad de profundizar  el debate energético nuclear

Por Florencia Chiffel y Gretel Schaj – Los Verdes Córdoba/ Para La Voz del Interior

Finalmente la Central Nuclear de Embalse saldrá de servicio. El motivo no es el cierre de la cuestionada planta sino un cese provisorio de dos años debido a la necesidad de realizar el proceso de reacondicionamiento (cambio de equipos, construcción de los silos de hormigón a los que se destinará todo el material radioactivo de riesgo que se retire del reactor;  tanques diseñados para confinar material que mantiene la actividad radiactiva por cientos de años)  para prolongar su vida útil por 30 años más.

La central nuclear cordobesa se encuentra en funcionamiento desde el año 1984 y su  licencia original de operación le otorgó 210.240 horas efectivas de plena potencia (HEPP). En marzo de 2012 la central agotó sus horas de funcionamiento y debió salir de servicio. Sin embargo, dos meses después, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una resolución a través de la cual modifica la licencia de Embalse extendiendo sus HEPP a 225.000 –aproximadamente dos años más de funcionamiento–, por lo que Embalse continuó  operando.

Dentro del Plan Nuclear Nacional promovido por el gobierno de Cristina Kirchner  se decidió promover la extensión de la vida útil de esta central, lo que contó con el aval del Congreso de la Nación en 2009. Desde el año 2012 hasta el día de la fecha, Embalse ha funcionado sin las licencias ni las medidas de seguridad necesarias dado que su reactor se encontraba obsoleto. Como si eso fuera poco, no se han realizado estudios de impacto ambiental ni consultas a la ciudadanía, siendo que gran parte de la sociedad se ha manifestado en diversas oportunidades en contra del uso de la energía nuclear.

El proceso de reacondicionamiento conllevaría,  por lo menos,  un valor de 1.600 millones de dólares según el proyecto original y por otro lado, parte de las tareas se financiarían con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 240 millones de dólares. Tal cifra es un valor muy elevado que podría destinarse al desarrollo de fuentes limpias, seguras y renovables.

De esta forma, y quizás en este contexto de emergencia energética y eléctrica declarada el pasado mes de diciembre sumado a la enorme factibilidad – oportunidad de transitar el cambio de matriz energética hacia fuentes renovables que tiene la Argentina, es necesario repensar decisiones como éstas que, lejos de ser una “solución”, expone principalmente a los cordobeses a los peligros ya conocidos que la industria nuclear conlleva: es imprevisible, peligrosa, y acarrea altísimos costos económicos, sociales y ambientales.

Ya está suficientemente demostrada la factibilidad de nuestro país para producir energía renovable abundante. El nuevo gobierno ha manifestado públicamente su intención de promoverlas y también lo ha ratificado durante la participación en la cumbre de París sobre Cambio Climático. Para concretar esos objetivos, será necesario dejar atrás el paradigma energético convencional, que incluye la fuente nuclear, y evolucionar a métodos sostenibles en el tiempo y amigables con el ambiente y con la sociedad.