• Modificación de la ley de Manejo del Fuego: no crea protección ambiental

    Como respuesta a los reiterados incendios que están ocurriendo a lo largo de todo el país, el día 26 de octubre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dictaminó un proyecto de ley para modificar la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. A continuación se presenta un análisis sobre el mismo y una reflexión con respecto a qué sería efectivo realizar para estar preparados ante una mayor frecuencia de incendios, debido a la mayor vulnerabilidad que enfrentamos por el cambio climático.

    Consideraciones sobre Proyecto de Ley 5222-D-2020

    • Esta propuesta no crea protección ambiental

    El proyecto de ley no crea una mayor protección ambiental, sino que por el contrario, la disminuye, al establecer una restricción al cambio de uso de los bosques por 60 años cuando hoy lo están a perpetuidad.

    Uno de los principales logros de la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331/07) es justamente haber establecido un ordenamiento territorial de los mismos que no puede volver atrás. No puede retroceder porque, en aplicación de los Principios de Progresividad y No Regresión, específicamente su art. 40 dispone que en caso de incendio u otro evento natural o antrópico que implique la degradación del bosque, debe mantenerse la categoría de clasificación fijada en el ordenamiento provincial.

    A ello se agregó en 2017 mediante la Ley 27.353 el art. 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego , que sumando a los bosques protectores, permanentes, experimentales y montes especiales de la Ley 13.273 (1948), explicita esa prohibición de modificar el uso y destino que esas superficies boscosas tenían con anterioridad al incendio.

    Por su parte, las áreas naturales protegidas –incluidas en el proyecto de ley-encuentran su total protección en la Ley de Parques Nacionales (Ley 25.331) y sus propias leyes de creación.

    Es decir que, hasta el presente, los bosques nativos y todos los bosques no productivos como así también las áreas protegidas cuentan con una regulación especial que garantiza su protección y que impide el cambio de uso del suelo en dichos territorios.

    El dictamen de Comisión citado incorporó que “Sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia, que aplicarán complementariamente en cuanto sus normas resulten más extensas o amplias en sus beneficios para con los mismos”, pone en evidencia que la modificación dictaminada no era necesaria.

    • Enfrentar el riesgo de incendios requiere de presupuesto e institucionalidad

    Este es un aspecto clave, en un momento donde el debate de la Ley de Presupuesto está teniendo lugar en la Cámara de Diputados.

    El presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al manejo del fuego en el proyecto de ley de presupuesto 2021 es aproximadamente el 50% de lo que asignó la gestión anterior al proyecto de presupuesto 2020, no tratado1.

    La suma de lo asignado a la Protección Civil y Riesgos de Desastres, más Manejo del Fuego para 2021, también es inferior a lo presupuestado para 2020. La asignación al Sistema de Federal de Emergencias, contemplada para 2020, no existe en el presupuesto 2021. Es decir, no hay una iniciativa oficial que permita contar con más y mejores recursos para hacer frente a ninguna de las posibles consecuencias del cambio climático.

    En el dictamen sobre el presupuesto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda firmado el día 23 de octubre se agrega una contribución obligatoria del tres por mil (3‰) proveniente de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras, con la finalidad de aumentar el presupuesto de manejo del fuego. Si el proyecto se aprueba en el Senado, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego se incrementará significativamente vía este nuevo impuesto.

    El Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fue alojado mediante el DNU 706/2020 en la órbita del Ministerio de Ambiente de la Nación. Sin embargo, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR, Ley 27.287) que resulta ser la máxima autoridad nacional en la materia, es coordinado por el Ministerio de Seguridad. Sin la integración del manejo del fuego al SINAGIR no existe una adecuada coordinación entre ambos, lo que se evidencia en la falta de los resultados esperados. Solo una institucionalidad integrada nos permitirá enfrentar fenómenos de incendios masivos como los que enfrentamos durante este año y que, muy probablemente, se repitan en los años venideros.

    • Este proyecto “crea” culpables de modo caprichoso y peligroso

    El proyecto no distingue entre incendios intencionales y accidentales para plantear una restricción que tiene las características de una sanción penal.

    Criminaliza al propietario de la tierra, sin indagar sobre su culpabilidad, al impedir el uso y la libre disponibilidad de la propiedad por un tiempo excesivo, que termina siendo confiscatorio e inconstitucional.

    También inhibe al sector público en sus legítimos planes de desarrollo urbano, de infraestructura u obra pública, ya que inmoviliza predios que podrían ser necesarios para la creación de urbanizaciones, obras de infraestructura o servicios o cualquier otra intervención de interés público. Carece de sentido paralizar proyectos a causa de incendios que afecten a zonas que originalmente no tenían destino de conservación como zonas naturales. En particular los municipios verán afectada sus competencias para ordenar el territorio, dado que se impediría hasta el desarrollo más elemental de cualquier de ellos, que podría necesitar expandirse con obras para sanear el déficit habitacional, obras de infraestructura de agua y saneamiento, gestión de residuos, entre otras.

    No existe tampoco una justificación técnica sobre la extensión del período (60 ó 30 años, según el caso) cuando es evidente que justamente la restauración podría requerir acciones distintas del uso y destino previo del predio, las que se verán restringidas según el texto del proyecto.

    También es importante señalar que el proyecto de ley en tratamiento en la HCDN no hace referencia alguna a las quemas legales reguladas por la Ley 26.562, es decir las quemas autorizadas en el marco de aprovechamientos productivos. Dado que se trata de un mecanismo de autorización regulado, y que por lo tanto reconoce la legalidad de esas quemas, el proyecto de ley debería plantear la relación con dicha ley y con las leyes de quema que puedan existir a nivel provincial. De lo contrario, quedará una laguna –o una contradicción- en relación a las quemas legales, es decir, aquellas que han dado cumplimiento a otra ley de presupuestos mínimos y a normativa local.

    • Legislar sobreactuando no conduce a mejorar la protección de la naturaleza.

    El proyecto que se propone es una simple sobreactuación. Exagera una intencionalidad de protección ambiental pero en realidad no agrega ningún instrumento para hacerlo. No dota al Poder Ejecutivo Nacional de ninguna herramienta que le permita enfrentar a los incendios ni que le permita hallar a los responsables de incendios intencionales.

    La Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal ya generan los instrumentos para proteger y sostener a perpetuidad los bosques nativos y todos aquellos bosques que fueron plantados con un fin distinto de la producción, los cuales cumplen funciones de mejoramiento de hábitats, suelos y paisajes.

    Otros ambientes rurales y naturales deben tener regímenes de protección ambiental basados, principalmente, en el ordenamiento ambiental del territorio. Pretender hacerlo con la lógica de convertir en “intangible” cada área que sufre incendios es absurdo.

    Este tipo de propuestas nos distraen del verdadero desafío que enfrentamos: cómo dotamos al Estado Nacional y a las Provincias de los instrumentos necesarios para estar preparados a una mayor frecuencia de incendios y la prolongación de los periodos de alta vulnerabilidad que sufrimos producto de la incidencia del cambio climático.

    Anexos

    Ley de PPMM Bosques Nativos (26.331) 2007

    ARTICULO 40. — En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial.

    Ley de PPMM Actividades de Quema (26.562) 2009

    ARTICULO 1º — La presente ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.

    ARTICULO 2º— A efectos de la presente ley, entiéndese por quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.

    ARTICULO 3º— Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que será otorgada en forma específica.

    ARTICULO 4º— Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, que deberán contemplar; al menos, parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad públicas.

    Cuando la autorización de quema se otorgue para un fundo lindero con otra jurisdicción, las autoridades competentes de la primera deberán notificar fehacientemente a las de la jurisdicción lindante.

    Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas.

    Ley de PPMM Incendios Forestales y Rurales (26.815) 2012

    ARTICULO 22. — Recomposición y reparación. El responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas en los términos de los artículos 27 y 28 de la ley 25.675, ley general del ambiente.

    ARTICULO 22 bis. — En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.

    Art.22 bis incluido por ley 27.353 (2017)

    Ley de Defensa de la Riqueza Forestal (13.273) 1948

    ARTICULO 7º — Clasifícanse los bosques en:

    a) Protectores;

    b) Permanentes;

    c) Experimentales;

    d) Montes especiales;

    e) De producción.

    ARTICULO 8º — Decláranse bosques protectores aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente para:

    a) Fines de defensa nacional;

    b) Proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive;

    c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas;

    d) Fijar médanos y dunas;

    e) Asegurar condiciones de salubridad pública;

    f) Defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e inundaciones;

    g) Albergue y protección de especies de la flora y fauna cuya existencia se declare necesaria.

    ARTICULO 9º — Declárense bosques permanentes todos aquellos que por su destino, constitución de su alboreda y/o formación de su suelo deban mantenerse, como ser:

    a) Los que formen los parques y reservas nacionales, provinciales o municipales;

    b) Aquellos en que existieren especies cuya conservación se considere necesaria;

    c) Los que se reserven para parques o bosques de uso público,

    El arbolado de los caminos y los montes de embellecimiento anexos disfrutarán del régimen legal de los bosques permanentes.

    ARTICULO 10. — Serán considerados bosques experimentales:

    a) Los que se designen para estudios forestales de especies indígenas;

    b) Los artificiales destinados a estudios de acomodación, aclimatación y naturalización de especies indígenas o exóticas.

    ARTICULO 11. — Se entenderán por «montes especiales», los de propiedad privada creados con miras a la protección u ornamentación de extensiones agrícolas, ganaderas o mixtas.

    ARTICULO 12. — Se considerarán bosques de producción los naturales o artificiales de los que resulte posible extraer periódicamente productos o subproductos forestales de valor económico mediante explotaciones racionales.

    Datos de los Presupuestos presentados para 2020 y 2021, para Fuego y Administración de Parques Nacionales (APN)

    Presupuesto AñoProtección Civil y Riesgos de DesastreSistema Federal de Emergencias (SIFEM)Manejo del FuegoTOTAL
    20213.285.245.026 (más SINAGIR: 2.823.047)282.876.3833.570.944.456
    2020 (No votado)3.167.810.07712.648.690441.337.3983.621.796.165

    Fuentes:

    Presupuesto 2021: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/jurent/pdf/P21J41.pdf página 37

    Presupuesto 2020: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/jurent/pdf/P20J41.pdf página 32

    Presupuesto AñoAPN
    20213.116.322.316
    2020 (No votado)3.276.403.575
    20192.257.727.962

    Fuentes:

    Presupuesto 2021: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2021/jurent/pdf/P21E107.pdf

    Presupuesto 2020: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2020/ley/pdf/planillas_anexas/titulo3/anexa3a1.pdf

    Presupuesto 2019: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/jurent/pdf/P19E107.pdf página 5

    1 El 13 de agosto de 2020, se aprobó por Ley 27.561 una ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional 2020 que incluye las diferentes medidas que adoptó el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

  • Incendios en Argentina: ¿sirve modificar la Ley de Manejo del Fuego?

    La importancia de una ley de Humedales.

    6 oct 2020 – Ante la ola de incendios que está desvastando cientos de miles de hectáreas en el territorio argentino, con una gran pérdida de biodiversidad e incrementando la emisión de gases de efecto invernadero, surge una legítima preocupación con respecto a si la legislación vigente es suficiente.

    El proyecto presentado el Diputado Máximo Kirchner (FdT) apunta a restringir los usos posteriores de los ecosistemas dañados por los incendios, con el objetivo de desalentar las quemas intencionales con motivos de especulación (1).

    La Ley de Bosques Nativos N.º 26.331 aprobada a fines de 2007, ya tuvo en cuenta esta situación en su Art.40: En los casos de bosques nativos que hayan sido afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos que los hubieren degradado, corresponde a la autoridad de aplicación de la jurisdicción respectiva la realización de tareas para su recuperación y restauración, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el ordenamiento territorial. Por lo que no existe posibilidad alguna de un cambio de categoría de uso del bosque nativo producto de un incendio.

    Fruto de los incendios que se provocaron en Patagonia años anteriores, surgió nuevamente la inquietud de tener una legislación contundente para evitar los intentos de provocar incendios para luego detsinar los terrenos a otros usos. Esto llevó a que en 2017 se aprobara la Ley 27.353 que modifica la Ley de Manejo del Fuego N.º 26.815 incorporando el art. 22 bis: En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de los mismos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio, de acuerdo a las categorías de conservación asignadas por el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la jurisdicción correspondiente, elaborado conforme a la ley 26.331. Los bosques no productivos abarcados por la ley 13.273 serán asimismo alcanzados por la restricción precedente.

    La novedad de esta modificación fue incorporar a la restricción de cambio de uso del suelo aplicable hasta entonces a bosques nativos,  a otros bosques que por sus características debían ser amparados, para lo cual se recurrió a las definiciones de la Ley 13.273, cubriendo de este modo a los denominados bosques Protectores, Permanentes, Experimentales, y Montes especiales.

    Esto indica que no es necesario volver a legislar o querer cambiar la Ley de Bosques o Manejo del Fuego para protegerlos de los incendios.

    Con respecto a los demás ecosistemas, las áreas naturales protegidas no pueden camabiar su uso puesto que están definidas por ley, ya sea nacional, provincial o municipal. O sea, tampoco hace falta una nueva legislación para protegerlas de un cambio de uso pos incendios.

    ¿Cuál es la situación con los humedales? Este caso es bien diferente, puesto que al no existir un ordenamiento de los mismos resultará muy complejo definir qué áreas y qué usos debieran preservarse, acorde al proyecto del Frente de Todos, situación que de aprobarse esta modificación podrían multiplicarse las situaciones de litigiosidad.

    Este es otro ejemplo de por qué es necesaria una Ley de Humedales. Con el Inventario Nacional de Humedales y su Ordenamiento Territorial, es posible eliminar conflictos y saber cómo proceder ante los incendios. No hace falta modificar la Ley de Manejo del Fuego.

    (1) Propuesta de modificación: Artículo 22 bis.- En caso de incendios, sean éstos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de 60 (sesenta) años desde su conclusión: a) Realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio; b) La división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o c) La venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y, d) Cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.”

  • Ley de humedales: qué tiene que incluir para que sea efectiva

    5 de agosto 2020 – Comenzó en la Cámara de Diputados el debate de una Ley de protección de los humedales. Elba Stancich miembro de Los Verdes, y especialista en el tema, fue una de las expositoras.

    La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para empezar con el tratamiento de cinco proyectos de Ley que apuntan a crear la postergada norma para la proteccion de los humedales de nuestro país

    Elba Stancich, asesora del Círculo de Politicas Ambientales y miembro de Los Verdes fue una de las oradoras, invitada por la Diputada Brenda Austin (UCR/Juntos por el Cambio).

    Elba Stancich ayer en Diputados

    En su exposición remarcó 5 puntos críticos que debiera contener la Ley para que resulte realmente efectiva. Aquí una síntesis de cuáles son:

    1) Definición de humedales

    Este es un aspecto muy importante porque va a incidir en el inventario, y no debe dejar lugar a ambigüedades. Por lo que es sensato adoptar la definición que fue consensuada para realizar el Inventario Nacional de Humedales y fue adoptada por las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) (Resolución 329 de 2016). 

    2) Inventario Nacional de Humedales

    Es un instrumento técnico que se debe definir por un acuerdo científico y ser comandado por la Autoridad Nacional de Aplicación, para que sea realmente de presupuestos mínimos. 

    Se debe procurar acelerar los tiempos de inventario, por eso es importante que la Autoridad Nacional de Aplicación pueda establecer zonas prioritarias y que se incluya presupuesto para su elaboración. 

    3) Ordenamiento Territorial

    Es lo medular de la ley y es un instrumento de política y gestión ambiental tal como lo expresa nuestra Ley General de Ambiente. Debe ser participativo y aprobado por Ley, de manera que también sea debatido por las fuerzas políticas con representación en las Legislaturas  provinciales. La ley debe establecer los criterios de sostenibilidad ambiental para realizar el ordenamiento y definir sus categorias de conservación y uso. 

    4) Moratoria

    La ley tiene que tener moratoria de actividades nuevas.  Mientras se realiza el inventario y el ordenamiento es necesaria la moratoria para que no se vaya modificando lo que se está ordenando. Y también es una manera de agilizar los procesos de ordenamiento en cada jurisdicción.

    5) Fondos

    Tiene que estar claro en la ley cuáles son las condiciones para acceder a los fondos que permitan compensaciones a las jurisdicciones y con qué criterios se destinan esos fondos. Para ello la ley tiene que tener como condición necesaria que las jurisdicciones acceden a los fondos una vez que el Ordenamiento esté aprobado por Ley.

    Para finalizar, Stancich expresó que “esta ley no es una ley anti producción, si no una ley que debe establecer reglas claras de qué se puede y qué no se puede hacer en los humedales. Las actividades que actualmente se desarrollan en los humedales se van a poder seguir haciendo, pero seguramente varias tendrán que adecuarse a las condiciones que establezca el ordenamiento, cuyo objetivo es que se puedan seguir realizando en tanto que aseguren el mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas y de sus servicios”.

    Notas:

    (1) Ver comparativo de los proyectos de Ley elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales

    Aquí la exposición completa de Elba.

  • Los Verdes y la ética en nuestra relación con los animales

    ¡Durante el mes de marzo Los Verdes someten a revisión pública sus bases fundacionales!

    Los Verdes estamos revisando y actualizando “Nuestra Visión” (2012), un documento que sintetiza nuestro valores y líneas de acción que nos definen como agrupación política verde. A este documento lo vamos actualizando acorde los tiempos avanzan y la coyuntura social y política también evolucionan.

    Queremos actualizar y conocer tu opinión sobre la sección titulada “Tratamiento ético de los animales” de nuestro documento fundacional.

    Consideramos que en los últimos años ha habido un salto en la sensibilidad colectiva hacia los animales y eso debería verse reflejado correctamente en los valores de Los Verdes.

    Queremos conocer tu opinión, tus sugerencias y propuestas sobre el siguiente texto que forma parte de “Nuestra Visión”. Para hacerlo, te invitamos a dejar tu contribución como comentario debajo del texto o enviarla a este correo: losverdes@losverdes.org.ar.

    La visión de Los Verdes se construye con la visión que colectivamente tenemos todos los que luchamos por la sustentabilidad y la armonía de la sociedad con la naturaleza. Estaremos recibiendo propuestas hasta el 31 de marzo. ¡Queremos conocer tu opinión!

    Texto en revisión:

    Tratamiento ético de los animales

    La crueldad con los animales es repugnante y criminal. Los Verdes hacemos un llamado para compartir un enfoque compasivo para el tratamiento de los animales. Apoyamos el subsidio de las prácticas de esterilización y castración para combatir el problema cada vez más grave de sobrepoblación de mascotas que se traduce en la muerte de millones de animales cada año. Proponemos establecer procedimientos para un mayor control público de todas las investigaciones con animales y garantizar el bienestar de los animales de laboratorio, como así también para evitar el derroche de fondos públicos en el financiamiento de la investigación. Se debe terminar con el abuso a los animales y fortalecer la aplicación de las leyes existentes, prohibiendo la explotación de los animales para entretenimiento y deportes violentos. Se debe llevar a cabo la efectiva aplicación de la normativa vigente en materia de prohibición del uso de productos o subproductos obtenidos de animales en peligro de extinción como así también de la destinada a regular la cría a escala comercial.

    de “Nuestra Visión” (2012)
  • AVANZA LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN ARGENTINA

    La Empresa Provincial de Energía de Córdoba se sumó a la campaña latinoamericana ME COMPROMETO que promueve la movilidad eléctrica.

    1 de noviembre de 2019. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) es la primera empresa distribuidora de energía de Argentina que se suma a la campaña internacional ME COMPROMETO para acelerar la transición a la movilidad eléctrica. Se trata de una iniciativa impulsada por ONU y los gobiernos de Chile y Costa Rica, GLOBE International y FIA Región IV (1), con el objetivo de promover la movilidad eléctrica y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe, atendiendo a los compromisos asumidos por el Acuerdo de Paris.

    La movilidad eléctrica juega un rol dinamizador en la región, no sólo en la mitigación del cambio climático, sino también en la mejora de la calidad de vida de las personas, a través de la mejora de la calidad del aire y la modernización del transporte, y la promoción del crecimiento económico, mediante la creación de nuevos modelos de negocios a lo largo de la cadena de suministro y empleo (2).

    La iniciativa invita a empresas, ciudades, países y legisladores a presentar compromisos concretos y medibles en el tiempo.  En ese sentido, la EPEC anunció su adhesión en el marco de las Primeras Jornadas de Movilidad Eléctrica y Sustentable, que se llevaron a cabo en la Ciudad de Córdoba durante los días 30 y 31 de octubre. La empresa se comprometió a la adquisición de tres vehículos eléctricos para la flota de la empresa para fines de 2020, mantener la bonificación del Valor Agregado de distribución del 50% en el precio de tarifa eléctrica para usuarios propietarios de vehículos eléctricos aprobada en julio de 2019, en el horario de valle -de 23hs a 5hs- dentro del área de concesión a lo largo del 2020 y a instalar cinco nuevos puestos de recarga para vehículos eléctricos en edificios propios de EPEC en el año 2021.

    La empresa distribuidora ha sido pionera en fijar este año un cuadro tarifario específico para recarga de vehículos eléctricos, beneficiando al usuario con precios promocionales durante la franja horaria de menos consumo, entre las 23 y 5hs.

    Durante las Jornadas se contó con la participación de referentes del sector privado y funcionarios de las áreas de transporte de países de América latina y ciudades argentinas. Se compartieron experiencias en materia de transporte público eléctrico -tanto de taxis como de colectivos- de ciudades como Montevideo, Santiago de Chile y Bogotá.

    El Diputado Nacional y co-vocero de Los Verdes, Juan Carlos Villalonga, expuso durante el evento acerca del proyecto de ley de movilidad eléctrica de su autoría, remarcando que dicha iniciativa legislativa “establece un régimen de promoción de la movilidad sustentable, para el recambio y modernización de la flota vehicular convencional, pública y privada, mediante vehículos impulsados por motor eléctrico, híbrido e hidrógeno. El proyecto tiene, entre otros objetivos, una meta cero emisiones en el transporte público para 2030. Desde la política debemos estar a la altura del desafío de acelerar la transición energética y el transporte es clave para lograrlo” (3).

    La movilidad del futuro tiene a los vehículos eléctricos como grandes protagonistas. En el mercado global, las principales automotrices ya tienen objetivos de electrificación de su flota para 2030 y 2050, y las ventas mundiales de vehículos eléctricos crecen constantemente, superando el millón de unidades en el año 2017.

    NOTAS

    (1) La PRE COP 25 fue una reunión preparatoria para la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Se realizó en Costa Rica entre el 8 y 10 de octubre de 2019.

    (2) http://movelatam.org/mecomprometo/

    (3) Ver nota http://www.losverdes.org.ar/se-presento-el-proyecto-de-ley-de-promocion-de-la-mo-electrica-y-sustentable/